Los tres reyes de la coima en la obra pública: el ex ministro De Vido, el ex presidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, y la ex presidenta Cristina Kirchner
“Todo pasa” era el lema inscripto en el famoso anillo del eternamente sospechado mandamás de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), Julio Grondona. Parecía una frase de filosofía popular siempre aplicable a las crisis empresarias en Argentina, donde la vorágine de las malas noticias y las crisis siempre han contribuido a que los temas aún más escandalosos queden en el olvido.
“Es difícil que pase así nomás, viendo la magnitud de esta crisis”, dice Federico Rey Lennon, catedrático de Relaciones Públicas y Comunicación de las universidades Católica y de La Matanza y autor. Pero en seguida acota: “Igual no es totalmente improbable, esto es Argentina…”, en referencia a que podrían cambiar los vientos políticos y, eventualmente, mermar el celo de la Justicia, o porque la magnitud de la crisis económica podría terminar tapando el “lava jato” argentino, que involucra judicialmente a casi dos docenas de empresas contratistas, principalmente constructoras y media docena de funcionarios sospechados de recaudar coimas.
Por lo pronto esta semana los constructores y contratistas tuvieron la mejor noticia desde que estalló el escándalo de los cuadernos: el gobierno dictaminó que las empresas involucradas en las coimas son independientes e inocentes de los delitos que cometieran sus accionistas o directivos. Por otra parte ya quedó claro que la dura ley de responsabilidad penal empresaria sancionada durante el actual gobierno no regiría para estas coimas, porque no se puede legislar hacia atrás.
El “Todo pasa” grondoniano siempre vale.
Algunas de esas empresas cuentan además con comunicadores y lobbyistas de altísimo nivel: Techint, con Luis Betnaza, o Grupo Roggio, con Gustavo Pedace.
La Cámara de la Construcción, otra de las involucradas en la megacausa, contrata a la consultora Ballero, Landoni & Asociados, de Néstor Landoni y Bernardo Ballero, la top en Asuntos Públicos de Argentina. Esta consultora a su vez venía trabajando desde hacía años para varias de esas empresas, como Roggio: se podría decir que hoy es la consultora de PR y Asuntos Públicos experta en el tema de “los cuadernos” del chofer Centeno, investigación periodística del diario La Nación que derivó en la megacausa que hoy está en manos del juez Claudio Bonadío y de la que se informa ampliamente y a diario en los medios desde principios de agosto todos los días.
Diego Cabot, el periodista que llevó adelante la investigación, recibió, entre otros, el Eikon al Comunicador del Año.
Una docena de empresarios y ex funcionarios fueron detenidos, algunos de los cuales aún no han salido, mientras sus empresas intentan seguir con sus contratos enfrentando todo tipo de adversidades financieras a causa de sus problemas de reputación.
Uno de los pocos que no logró salir de la cárcel es el cordobés Gerardo Ferreyra, vicepresidente de Electroingeniería, quien ya conoció esa instancia durante nueve años en su juventud por su militancia guerrillera en el temido ERP. La empresa cuenta con Mariano Musso como dircom, director de PR de la empresa y a la vez presidente del CIRCOM, el círculo de profesionales de comunicación de Córdoba. Con el más bajo perfil, este dircom libra una suerte de “batalla cuerpo a cuerpo” con periodistas y líderes de opinión de todo el país para desmitificar que Electroingeniería fuera una empresa inventada en el kirchnerismo, al igual que Austral Construcciones, del encarcelado testaferro K Lázaro Báez. En los 90 la empresa cordobesa de electricidad en construcciones había participado en algunas obras en países de la región como Paraguay o Perú.
Otra información que busca aclarar es que las represas del sur Kirchner y Cerpnic están funcionando a través de una UTE a toda marcha, aunque ahora con management chino y dando empleo a 1.700 personas.
Mientras su jefe está en la cárcel, para Musso la clave es que periodistas como Cabot, Hugo Alconada Mon y otros sabuesos investigadores lo tomen como fuente confiable.
Si bien bajó el nivel de espectacularidad de los titulares, como los que ocupaban los medios cuando los empresarios empezaron a confesar amparados en la “ley del arrepentido” para evitar la prisión, los problemas de imagen pública siguen intactos.
Mientras tanto, en silencio, la cámara que los nuclea y que fue centro de las sospechas por “cartelizar” la obra pública y organizar el reparto de coimas bajo la conducción de Carlos Wagner, está trabajando en liderar un programa de compliance, transparencia en las licitaciones y otras medidas para abrir la puerta a un retorno a una imagen negativa razonable, como la que venía sufriendo el empresariado argentino ya antes del escándalo de los cuadernos y los arrepentidos.
Por lo pronto, además del desarrollo de mecanismos de compliance, para transparentar las licitaciones, buscan proponer un esquema de cobranza por parte del estado que aleje la discrecionalidad a la hora de cobrar las obras. En el kirchnerismo se sobornaba a los funcionarios para obtener los contratos, pero luego las empresas debían volver a coimear para cobrar en tiempo y forma, ya que en una economía de alta inflación crónica, como la argentina, la diferencia entre cobrar puntualmente o meses más tarde podía significar la quiebra.
En las empresas del sector no descartan que la atribulada cámara levante el perfil hacia fin de año para comunicar que están trabajando fuertemente en mejorar la transparencia, y los esquemas de compliance, que fueron la gran apuesta en el Brasil del Lava Jato, y van a ser la clave de la comunicación. Una vez que arranque el año electoral, calculan que el gobierno del presidente Macri podría apostar fuerte a mostrar el escándalo de los cuadernos como uno de sus principales logros a falta de éxitos económicos: permitir el avance de la justicia sobre la corrupción entre empresas y el estado.
También a aprovecharían la ventana de tiempo que dará el fin de año y el arranque del próximo, hasta que se largue la batalla electoral de 2019, para instalar o reenmarcar el debate: no habría sido un negocio de a dos, sino que las coimas fueron una “necesidad” de las empresas para no quedar excluidos de la obra pública, lo que significaría la quiebra para cualquiera de ellas, si no accedían a las exigencias de los funcionarios. Es una vieja discusión: ¿la culpa en la coima es compartida en partes iguales, o el funcionario que debe velar por los fondos públicos está en un peldaño criminal más alto? En esta visión, los empresarios que están hoy en el banquillo de los acusados de la opinión pública pasarían a estar más cerca de ser entendidos como víctimas de un sistema corrupto que sobornaron para evitar despidos y la quiebra: una cuestión de enfoque o “framing”.
De hecho, las empresas que no cooperaban con el kirchnerismo sufrían todo tipo de acoso. El ejemplo de Grupo Clarín -que vivió años asediado por el gobierno- servía de disuasor para cualquiera de ellos.
Empresas como el Grupo Roggio, con importantes obras para el actual gobierno del presidente Mauricio Macri, estarían trabajando en perfil bajo sus vínculos “B to B”, especialmente con el sistema financiero, del que dependen para financiar los proyectos “PPP” de participación público-privada, a pesar de que desde Wall Street baja una línea de no financiar a empresas comprometidas con escándalos de corrupción. También están preocupados por renovar la licitación del subte de Buenos Aires para su empresa Metrovías.
No descartan incorporar a expertos en un rubro casi inexistente en Argentina: investor relations.
En la cámara, hoy bajo la conducción de Gustavo Weiss, pensaron en un reemplazo por el abogado Julio Crivelli. Será el primer letrado al frente de una cámara de ingenieros: es comprensible porque hoy el problema de los constructores está en los juzgados federales de Comodoro Py antes que los desafíos de los cálculos de estática.
Para Federico Rey Lennon, el caso no es tan fácil de resolver desde el punto de vista de su reputación: “necesitarán hechos contundentes. Los involucrados directamente en los cuadernos deberán dar un paso al costado”. Pero coincide con la línea de la cámara en que “deberían redactar una política corporativa que garantice transparencia en la relación con el Estado”. Pero el catedrático y autor advierte; “tienen que evitar las acciones comunicacionales tipo green wash”, que serían muy poco creíble ante la magnitud de los sobornos y sobreprecios que tuvo durante la “década ganada” el negocio de la obra pública.
Este artículo del portal Infobae enumera el listado completo de los procesados hasta el momento por el “cuadernogate”.